¿Blindaje o menos burocracia? López Obrador declara de «interés público» y «seguridad nacional» todas las obras del Gobierno y se desatan las críticas

¿Blindaje o menos burocracia? López Obrador declara de «interés público» y «seguridad nacional» todas las obras del Gobierno y se desatan las críticas

El mandatario indicó que, contrario a lo que han denunciado sus opositores, «esto no tiene nada que ver con la transparencia», porque todos están «obligados a rendir cuentas».

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un acuerdo que declara de «interés público» y «seguridad nacional» la ejecución de proyectos y obras a cargo del Gobierno federal mexicano, incluyendo los de su mandato o de la denominada ‘Cuarta Transformación’.

El acuerdo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y está firmado por López Obrador, detalla que la declaratoria afecta a obras asociados a «infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos», y también a «aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional».

En el documento se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública a «otorgar la autorización provisional» a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar esos proyectos, a fin de «garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados».

Se establece que esa autorización provisional «será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente». Si una vez transcurrido ese lapso no se emite el permiso, «se considerará resuelta en sentido positivo».

Esa autorización provisional, detalla el acuerdo, tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener la autorización definitiva.

Las críticas

Muchos políticos de la oposición mexicana criticaron al mandatario por la emisión de este acuerdo. Margarita Zavala, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló que otorgar los permisos para las obras del Gobierno en cinco días y, según ella, «sin importar impactos, estudios», constituye «un asalto a la Constitución y al estado de derecho». Por ello, la legisladora manifestó que el Congreso debería discutir el tema y pronunciarse al respecto.

Lilly Téllez, senadora también por el PAN, dijo que el acuerdo «pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos [en alusión al Gobierno de López Obrador]», y anunció que propondrá a sus compañeros de bancada la presentación de una «acción de inconstitucionalidad» contra la medida.

Por su parte, Javier Lozano, exsecretario de Trabajo y Previsión Social (2006-2011) y exsenador de México, calificó la medida de «absolutamente arbitraria, inconstitucional y aberrante».

De igual manera, la politóloga Denise Dresser consideró que el acuerdo «es peligroso e inconstitucional», al tiempo que estimó que «pondrá en riesgo la funcionalidad básica del Estado, al cancelar requisitos legales y operativos para las obras de infraestructura». Ante ello, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga «para frenarlo».

Análisis al acuerdo

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) detalló que había sometido a análisis el acuerdo de López Obrador, enfocándose en el calificativo de «seguridad nacional», para determinar si la medida «vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad».

El INAI señala que «al ser la seguridad nacional una de las causales de reserva de información», previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, «las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo».

«Un acuerdo interno»

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que se trata de una medida «para agilizar trámites» y para que las diligencias burocráticas no «detengan las obras». 

En esa línea, enfatizó que «ni siquiera es un decreto», sino un «acuerdo interno» que, según el mandatario, permiten al Ejecutivo adelantarse a los amparos que pueden interponerse ante el Poder Judicial, con el objetivo de frenar el desarrollo de los proyectos de infraestructura.

El Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ lleva adelante algunas obras de gran magnitud, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Para ejemplificar el alcance de la medida, el mandatario comentó que si hay personas a las que «se les ocurre meter un amparo para detener» la construcción del AIFA, pueden impedir que se entregue la obra en los plazos establecidos por el Gobierno.

El mandatario añadió que la medida busca que «se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les de también tiempo para presentar toda la documentación».

También insistió en que se trata de «un asunto interno» entre dependencias para poder concluir las obras, al tiempo que indicó que, contrario a lo que han denunciado sus opositores, «esto no tiene nada que ver con la transparencia», porque todos están «obligados a rendir cuentas».

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