El Senado de Bolivia convoca a una sesión para derogar la ‘ley madre’ que desató protestas opositoras

El Senado de Bolivia convoca a una sesión para derogar la ‘ley madre’ que desató protestas opositoras

El presidente Luis Arce decidió dar marcha atrás a la normativa sobre blanqueo de capitales, para frenar las protestas de grupos de derecha.

La Cámara del Senado de Bolivia realizará este martes una sesión expresamente convocada para discutir un proyecto del oficialismo que busca derogar la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, una normativa que, tras ser aprobada en agosto, generó rechazo y protestas por parte de grupos opositores de derecha.

Según informó el periódico Los Tiempos, la iniciativa será tratada en la Séptima Sesión Ordinaria, pautada para las 8:30 de la mañana (hora local).

El sábado pasado, el presidente Luis Arce anunció que decidió derogar la Ley 1386, también llamada ‘ley madre’, «para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía».

Ocurre que la medida condujo a sectores opositores a realizar protestas en algunas zonas de Bolivia, que por momentos se tornaron violentas, y a decretar un paro por tiempo indefinido, lo que sumó el riesgo de desabastecimiento de combustibles en el departamento de Santa Cruz y en otras partes del oriente del país. 

Además, las marchas y bloqueos derivaron en enfrentamientos entre manifestantes, policías y grupos afines al gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS), y han dejado más de 100 detenidos y varios heridos.

El gobierno de Arce denunció que detrás de estas manifestaciones existe un intento de desestabilización política, y atribuyó las acciones al Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

La Ley 1386 establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.  

A raíz de ello, grupos opositores, como el que aglutina el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), señalaron que con esa normativa el oficialismo buscaba el «control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento».

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