La oposición mantiene la presión sobre el Gobierno de Bolivia y ahora pretende anular una ley promulgada hace 3 días

La oposición mantiene la presión sobre el Gobierno de Bolivia y ahora pretende anular una ley promulgada hace 3 días

La alianza Comunidad Ciudadana presentó este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto para abrogar la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social.

Grupos opositores de Bolivia continúan ejerciendo presión sobre el gobierno de Luis Arce, quien ha cedido la abrogación de una normativa cuestionada para frenar un paro de 9 días, y ahora enfrenta nuevas exigencias para anular otra, recientemente promulgada. 

Se trata de la ley 1407, llamada también ‘Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de Bolivia 2021-2025′.

Este jueves, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) presentó ante la Asamblea Plurinacional un proyecto que busca abrogar la medida, bajo el pretexto de que la administración de Arce pretende con ella «concentrar más poder en el Ejecutivo» y «destruir la autonomía» de los distintos departamentos

Además, sostienen que esa «ley maldita» afecta al pueblo. 

«Este plan de desarrollo económico y social es una imposición centralista y verticalista del Gobierno nacional a instituciones que gozan de independencia y autonomía», dijo el jefe de la bancada de CC, Carlos Alarcón, recoge Los Tiempos.

De acuerdo al congresista, la norma aprobada por el Parlamento y promulgada este lunes, afecta a los órganos judicial, electoral, las gobernaciones, municipios y universidades.

Este miércoles, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión del paro indefinido establecido, luego de que el gobierno de Arce promulgara la derogación de la ley de ganancias ilícitas del Gobierno de Bolivia, criticada por sectores de la oposición y algunos gremios, aunque advirtió que «la lucha debe continuar». 

Calvo, quien está acusado de sedición, tiene 35 procesos judiciales en su contra, varios de ellos relacionados con corrupción.

Luego de una semana de paro y protestas en algunas regiones del país, la administración del Movimiento al Socialismo decidió retroceder con la medida que había provocado «zozobra e incertidumbre», dijo Arce, quien advirtió que era impulsada por «sectores que tienen otros intereses».

De hecho, el oficialismo sostiene que todo forma parte de un nuevo intento de golpe de Estado, mediante acciones que buscan repetir el escenario de tensión previo al derrocamiento de Evo Morales en el 2019.  

En diálogo con RT, el activista y analista político Fernando Mendez Terrazas, consideró que los sectores opositores «no van a permitir ningún tipo de discusión que libere a la verdad y se puedan saber los conceptos esenciales (de la ley)».

«Si creen que va en contra de las autonomías, pueden presentar un amparo sobre la inconstitucionalidad de la norma y punto. No hay que generar mayor debate al respecto», dijo. 

«Se puede ir hacia una salida democrática, legislativa, pero ellos no están detrás de eso», analizó. Y añadió que, por el contrario, buscan «generar conflicto para la restauración de estos poderes que han gobernado de facto a partir del 2019».