La regulación de interinos tendrá 17 modelos diferentes y la concatenación de contratos dificulta el proceso en Educación y Sanidad

La regulación de interinos tendrá 17 modelos diferentes y la concatenación de contratos dificulta el proceso en Educación y Sanidad

Función Pública Los interinos que pasen a ser funcionarios mantendrán los trienios acumulados Función Pública El Gobierno maniobra para que su regulación masiva de interinos como funcionarios no sea inconstitucional

La regulación masiva de interinos que el Gobierno va a llevar a cabo será desarrollada por cada ámbito de la Administración y, si se tiene en cuenta que buena parte de esos trabajadores que acumulan más de cinco años en el mismo puesto lo hacen en el ámbito autonómico, el resultado es que el grueso del proceso será desarrollado por las comunidades. Y que, por lo tanto, habrá 17 modelos diferentes con todo lo que ello conlleva en términos de equidad, agravios comparativos e incluso restricciones.

El objetivo de Función Pública es que la totalidad de esos interinos que permanecen, de manera ininterrumpida, en su puesto desde el 1 de enero de 2016 se conviertan en funcionarios, y por ello se ha eliminado la obligatoriedad de aprobar una oposición pero sí habrá un concurso. En el Ministerio que dirige María Jesús Montero insisten en que no serán pruebas ad hoc y que estarán abiertas a otros candidatos, aunque fuentes conocedoras del proceso sí estiman que estarán muy dirigidas a que los interinos en ese puesto sean los que efectivamente se queden con la plaza y que, en todo caso, serán las comunidades las que tengan la decisión última de cómo será el concurso. Esto quiere decir que en algunas puede ser mucho menos exigente que en otras, que la valoración de las lenguas co-oficiales puede diferir y que, en definitiva, la posible ruptura del principio de equidad puede derivar en recursos ante la justicia.

Otro punto complejo en el proceso será la regulación en dos ámbitos muy concretos y en los que hay una temporalidad muy alta, esto es, en los que el proceso es especialmente necesario: Educación y Sanidad. La concatenación de contratos es muy habitual, véase el caso de docentes que cada año o pocos años cambian de colegio o incluso de plaza, con lo que muchos estarían en peligro de no cumplir con la condición de mantenerse en el mismo puesto de manera ininterrumpida. Y algo muy similar ocurre con bedeles o sanitarios.

Todas estas dificultades, además, se sumarán a las dudas sobre la constitucionalidad de la medida. Para obtener un puesto de funcionario de la Administración Pública es imprescindible haber superado una oposición, paso que como ya se ha señalado se eliminará. Sólo una vez, cuando se produjo el traspaso masivo de competencias a las comunidades, se aceptó la no superación de ese examen dada la excepcionalidad del momento. Sin embargo, Cataluña y Navarra intentaron llevar a cabo una segunda regulación y la justicia lo rechazó porque, a su entender, ya no se cumplía esa excepcionalidad.

Por ello, el Gobierno ya está maniobrando ante la posibilidad de que se presente un recurso de inconstitucionalidad, algo que muy posiblemente hará Vox, y afina el redactado de la norma con la intención de evidenciar esa situación excepcional.

Por otra parte, el Gobierno ha reactivado el diálogo con los sindicatos para negociar mejoras laborales dirigidas a los trabajadores públicos y funcionarios. «La secretaria de Estado de Función Pública, nos traslada su compromiso para fijar en las próximas fechas un calendario de reuniones en las que tratar aquellas cuestiones que supongan una mejora en las condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas», informó ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Este mismo sindicato ha presentado a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas al proyecto de presupuestos, entre las que se incluye «un incremento retributivo del 3,5% para el año 2022, fijando además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero de 2022».

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