Por qué siguen las protestas en Bolivia a pesar de que el Gobierno aceptó derogar la ‘ley madre’

Por qué siguen las protestas en Bolivia a pesar de que el Gobierno aceptó derogar la ‘ley madre’

En Bolivia, continúan las marchas, bloqueos y otras formas de protesta pese a que el Gobierno nacional accedió a derogar la Ley 1386 sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al terrorismo, más conocida como ‘ley madre’ —aprobada en agosto pasado—, la principal demanda que detonó las movilizaciones que este martes cumplen nueve días.

El pasado sábado, tras seis días del paro organizado por sectores opositores, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció la abrogación de la normativa.

«Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía», dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Según el Ejecutivo, la legislación original buscaba enfrentar los movimientos ilegales de dinero de los sectores más ricos, sin embargo, sus detractores –principalmente los comités cívicos, a los que sumaron diferentes gremios del país– afirmaban que pretendía fiscalizar a los trabajadores, en un país con mucha informalidad en la economía. 

Tras darse a conocer la decisión gubernamental, la mayoría de dirigentes gremiales han decidido retirarse del paro, mientras que desde los comités cívicos llamaron a continuar con las protestas. Así, en Santa Cruz de la Sierra, el Comité pro Santa Cruz, claro opositor político de Arce, mantiene el paro iniciado hace más de una semana; en Potosí siguen los bloqueos y en La Paz acordaron mantener la movilización.

A la espera de la derogación

Uno de los motivos que argumentan los opositores a la ley para permanecer en las calles es que, si bien se hizo el anuncio de la derogación de la normativa, la abrogación aún está siendo debatida en el Senado boliviano.

La sesión del Senado para tratar este tema fue convocada para este martes a las 08:30 de la mañana (hora local). Esta cámara debatirá el asunto, luego de que Diputados aceptara la derogación, en un debate que se extendió hasta la madrugada de este mismo día.

El documento aprobado por los diputados consta de un solo artículo, que contempla la derogación de la Ley 1386; sin embargo, el debate duró más de seis horas, debido a discrepancias sobre la exposición de motivos del texto, donde se señala que hubo intenciones de un nuevo golpe de Estado

En el documento se menciona que hubo «desinformación generada intencionalmente» y que hay una «clara agenda política de quienes, manipulando la verdad, cuestionaron la ley; agenda que solo pretende desestabilizar al Gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo Boliviano». Esta parte, de hecho, tuvo que retirarse para proceder a su aprobación. 

El paso siguiente, una vez aprobada la abrogación en el Senado, es la promulgación de la derogación de la normativa por parte del mandatario boliviano.

Gremiales levantan paro

Los gremios de trabajadores anunciaron que sus movilizaciones culminarían «con la abrogación de la Ley 1386», afirmó el dirigente gremial de Cochabamba Carlos Calcina. 

«No tenemos ninguna demanda adicional. Eran dos leyes desde un inicio, abrogación de la ley 1386 y el archivo de la Ley 318. La segunda logramos con una huelga», dijo, por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional De Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzales.

El secretario ejecutivo de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre de Santa Cruz, Bismark Daza, también sostuvo que una vez promulgada la ley de abrogación de la polémica norma 1386, no había motivos para continuar con la paralización de actividades.

Opositores continúan

No obstante, los principales sectores opositores políticos a la administración de Arce no están conformes con que solamente se haya derogado la Ley 1386 y, aunque era el principal motivo de las movilizaciones, ahora tienen otras exigencias.

Asimismo, el lunes se realizó la Asamblea de la Paceñidad en el Palacio Consistorial de la Paz, con representantes de 120 organizaciones sociales. En el encuentro decidieron mantener el «estado de emergencia» y «movilización permanente», así como realizar una marcha este miércoles.

Las exigencias de esa asamblea, así como de los sectores opositores, es la restitución de los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la derogación de un paquete de normas, que han denominado como «leyes malditas».

Restitución de los dos tercios

En conferencia de prensa, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo el lunes que se presentaron ante el Senado y la Cámara de Diputados proyectos resolutivos para la restitución de los dos tercios de votación legislativa.

De igual manera ya se ha pronunciado el partido Creemos, del opositor de extrema derecha y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Este político fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.

La senadora Centa Rek, de este movimiento, manifestó al respecto: «La lucha de este momento solo puede consolidarse en la medida en que restituyamos los dos tercios al Parlamento».

La legisladora añadió que si el Parlamento sigue sin restituir los dos tercios de votación, ellos no podrían «garantizar ninguna situación a Bolivia» y, por lo tanto, deberían «cerrar el Parlamento«.

En la Asamblea de la Paceñidad señalaron que se deben restituir los dos tercios «como garantía democrática que permita al país leyes de consenso y no arbitrarias imposiciones de un gobierno dictatorial».

Sobre este tema, Gonzales, de la Confederación de Gremiales de Bolivia, dijo que la posición de la organización se definirá en una asamblea. «Tiene que ser firmada por diferentes organizaciones, vamos a salir en unidad», comentó.

A finales de octubre del año pasado, previo a la asunción de Arce, en el Parlamento boliviano se eliminó la votación por dos tercios para la aprobación de algunas cuestiones, como impugnaciones, conformación de comisiones especiales, cambio del orden del día, realización de sesiones por tiempo y materia, la dispensación de trámite, voto de urgencia, la moción de cierre de debate, la entrega de honores públicos, los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, la designación de embajadores y la dispensación de observaciones al reglamento.

Sin embargo, los dos tercios de votación no fueron eliminados del todo, estos se mantienen como estipula la Constitución, y están en los reglamentos del Senado y Diputados para otros asuntos, como la elección de miembros del Órgano Electoral Plurinacional, las interpelaciones a Ministros de Estado y posible censura, la autorización de juicio de responsabilidades a presidente y vicepresidente, la aplicación de sanciones a diputados y senadoras y Senadores, cualquier tipo de reforma parcial de la Constitución, el juzgamiento de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, así como la designación del fiscal general del Estado, contralor y defensor del pueblo. 

Derogar «leyes malditas»

Los sectores opositores inconformes con la decisión del Gobierno, también piden la derogación de lo que llaman «leyes malditas».

Estas normativas son la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana, Ley de Estadísticas Oficiales del Estado, Ley de Registro de Comercio, Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción y la Ley 242, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social.

«El pueblo acaba de tener una segunda victoria con el anuncio de la abrogación de la ley 1386 y Comunidad Ciudadana apoyará en el Legislativo que se le dé curso. Sin embargo, queda un paquete de las llamadas leyes malditas en mesa. El Gobierno debe abrir un espacio de discusión y debe ser el escenario parlamentario», dijo Mesa en la rueda de prensa del lunes.

El opositor añadió que su alianza apoyará en el Parlamento esta demanda de abrogación del llamado «paquete de leyes malditas», ya que, en su opinión, refuerzan la idea de «un Estado policíaco».

Sobre estas normativas, en la Asamblea de la Paceñidad señalaron que son leyes que buscan la «persecución política» y «atentar a la propiedad privada de los paceños».

Gonzales, de la Confederación de Gremiales de Bolivia, fue cauto al hablar del asunto. «Hablan de un paquete de leyes, nos quieren imponer a que salgamos a las calles, no vamos a ser irresponsables, primero es importante conocer, en base a ello nos vamos a pronunciar», expresó el dirigente gremial.

Edgar Romero G.

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos