Un impuesto de 2.000 millones que penaliza a las generaciones más jóvenes, según los expertos

Un impuesto de 2.000 millones que penaliza a las generaciones más jóvenes, según los expertos

CÉSAR URRUTIA


@cesarurrutiasj

MADRID

Actualizado Miércoles,
17
noviembre
2021

02:05

La nueva cotización creada por el Gobierno para rellenar el fondo de reserva de las pensiones elevará los costes laborales en 2.000 millones de euros anuales sin suponer un elemento claro de equilibrio para el futuro sistema de pensiones. Ni por el lado de la equidad generacional ni por el de la contributividad de quienes elevarán las aportaciones sin que eso se refleje en unas mayores pensiones.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pactado entre el Gobierno y los sindicatos nace así generando la certeza de que supondrá un recargo en las nóminas de los trabajadores de entre 75,06 euros y 292,84 euros al año en función de las bases con las que coticen. Pero no de que garantizará su objetivo, que queda sujeto a numerosos interrogantes.

También echa a rodar su tramitación parlamentaria para ser una realidad el próximo 1 de enero generando división, en lugar de la unanimidad que garantiza una norma. El presidente Pedro Sánchez afirmó ayer que el MEI exige un «esfuerzo mínimo» a empresarios y trabajadores para llenar la ‘hucha de las pensiones’ que el Partido Popular «vació».

«El nuevo mecanismo no mejora ni la sostenibilidad ni la equidad del sistema de pensiones, y reduce su contributividad, cargando la mayor parte del gasto sobre las generaciones más jóvenes, que probablemente tendrán que soportar tasas de prestación (pensión media sobre salario medio) más bajas y un mayor endeudamiento», resumen Rafael Doménech y Enrique Devesa en un informe de BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA.

El informe subraya el cambio semántico en la medida del Gobierno, que de trabajar sobre un factor (cantidad que se multiplica para obtener un producto) ha pasado a presentar un mecanismo. Cuando los agentes sociales esperaban de Escrivá una fórmula que introdujera la esperanza de vida en el cálculo de las pensiones como vía para contener los gastos del sistema, el ministro de Seguridad Social sorprendió a patronales y sindicatos con un aumento de las cotizaciones. CEOE y Cepyme rechazaron avalar la medida, que llegará esta misma semana al Congreso para ser tramitada por la vía más urgente.

«Además de demorar el ajuste a 2032, nos aleja así de lo que llevan haciendo desde hace años una larga lista de países europeos mediante mecanismos de ajuste automáticos, factores de sostenibilidad o retraso de la edad de jubilación ligados a la esperanza de vida», dicen Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research y Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de València.

El MEI crea una cotización que recarga las nóminas con un 0,6% durante 10 años a partir de 2023 con la que espera recaudar 50.000 millones de euros hasta 2032, si bien los estudios independientes rebajan en más de la mitad esta estimación. Como asume que aún así puede ser insuficiente, abre la puerta a que futuros Gobiernos sigan subiendo esa cotización finalista a partir de 2032 o bajen las pensiones.

Está por ver si la Comisión Europea valora el MEI como una alternativa al derogado factor de sostenibilidad. Sea como sea, trabajadores y empresas deberán aportar a partir de 2023 su cuota a esta nueva cotización. Tomando como referencia las bases de cotización, el nuevo 0,6% se reparte en una proporción aproximada de 80/20, es decir, las empresas aportan un 0,5% y los trabajadores un 0,1%.

Escrivá aseguró ayer que no tendrá efectos sobre el empleo en un país con más de 3,5 millones de desempleados y una tasa de paro del 14,6%.«No estamos creando ningún problema de creación de empleo. En España no existe un problema de costes laborales», aseguró ayer el ministro.

Sobre las nóminas de los empleados, la aportación restará directamente entre 12 y 48 euros anuales (1,05 y 4,07 mensuales) , dependiendo de si se cotiza por base mínima de 1.050 euros o 4.070 euros por la máxima. Sobre éstas, la aportación de los empresarios ascenderá a entre 63 euros anuales y 244 euros más al año (5,25 y 20,35 euros mensuales). Así en total, el recargo sobre los costes laborales se mueve en una horquilla de entre 75 y 292 euros anuales.

Según la última encuesta de costes laborales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste total por trabajador en España ascendió a 31.150 euros. De esta cantidad, la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (7.335,87 euros por trabajador) que representaron el 23,6% del coste total. En 2022, la base máxima de las cotizaciones crecerá un 1,7% y será desde el siguiente ejercicio cuando se aplique el recargo del 0,6% para rellenar el fondo de reserva de las pensiones.

Pero los cambios en la estructura de los costes laborales ligados a las pensiones no han concluido. Seguridad Social tiene previsto abordar el destope de las cotizaciones el año que viene de manera que se refuercen sus ingresos, el principal pilar del sistema.

En total, el Gobierno ha presupuestado para 2022 ingresos por valor de 136.345 millones de euros en cotizaciones sociales, un 9% más que en 2021. Es una cifra muy alta que se explica por el aumento decretado y la recuperación del empleo, pero que resulta insuficiente para cubrir los gastos del sistema. El año que viene, la Seguridad Social recibirá del Estado más de 36.000 millones de euros, un 16,4% más. De los ingresos presupuestados, 127.224 millones de euros corresponden a cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados (+9,7%); 8.755 millones de euros a cotizaciones de desempleados (-0,4%) y 366 millones de euros a cotizaciones por cese de actividad de los autónomos (+12,9%).

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